MILES DE SOLICITANTES DE ASILO EN MÉXICO BUSCAN RECONOCIMIENTO LEGAL
En el marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas, el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM) hizo un llamado urgente a las autoridades mexicanas para garantizar el reconocimiento legal y la protección de las más de 140,000 personas que han solicitado asilo en el país.
A través de un comunicado oficial, el GTPM instó a reforzar la legislación a nivel estatal, asegurando que tanto solicitantes de protección internacional como personas refugiadas sean reconocidas como titulares de derechos en las leyes locales. “Es esencial que se les contemple dentro de los marcos normativos estatales como sujetos con derechos plenos”, enfatizó la organización.
México se ubicó en 2023 entre los cinco países con mayor número de solicitudes de asilo en todo el mundo, una tendencia que continuó en 2024, con fuerte presencia de personas migrantes en entidades como Chiapas, Veracruz y la Ciudad de México.
El GTPM —una red especializada en la formulación de políticas migratorias desde una óptica de derechos humanos propuso que el derecho a solicitar asilo se base en los principios de universalidad, progresividad, interdependencia e imprescriptibilidad, además de incorporar enfoques de género, interseccionalidad e interculturalidad.
Este enfoque, resaltaron, es especialmente importante para mujeres, niñas y adolescentes, quienes según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)— requieren atención diferenciada al ser frecuentemente víctimas de violencia y explotación sexual.
Además, el GTPM exigió que los marcos jurídicos estatales sean monitoreados y adaptados para incluir una visión incluyente que garantice los derechos de las personas migrantes, sin importar en qué estado se encuentren o cuál sea su situación migratoria, laboral, habitacional, de seguridad o identidad personal.
En cuanto a las condiciones que enfrentan en su tránsito hacia México, ACNUR informó que en 2024 al menos el 58 % de las personas migrantes han sido víctimas de algún tipo de abuso. Los delitos más reportados fueron robo (36 %), extorsión (20 %) y amenazas físicas o intimidación (13 %).